El PSOE de Alcobendas acusa al PP de encarecer la vivienda protegida en Valgrande hasta un 35%

Los socialistas tildan de "propaganda" el nuevo cartel instalado en el desarrollo y critican que la alcaldesa acepte las subidas de precio de la Comunidad de Madrid

El futuro desarrollo urbanístico de Valgrande se ha convertido en el nuevo escenario de confrontación política en Alcobendas. El grupo municipal socialista ha denunciado públicamente que, tras el reciente anuncio y la colocación de carteles en la zona por parte del Gobierno local, se oculta un incremento considerable en el precio de las futuras viviendas protegidas que afectará directamente al bolsillo de los vecinos.

El portavoz del PSOE, Ángel Sanguino, ha sido tajante al señalar que la instalación del cartel no supone un avance real en las obras, sino una maniobra de distracción. Según los socialistas, la realidad detrás del proyecto es que las decisiones tomadas por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso —asumidas, según el PSOE, sin resistencia por la alcaldesa Rocío García Alcántara— provocarán que los módulos de vivienda protegida suban de precio. Esto se traduciría en que los pisos de Valgrande serán entre un 25% y un 35% más caros de lo previsto inicialmente.

Desde las filas socialistas lamentan que el Ejecutivo municipal no haya alzado la voz para defender el acceso a una vivienda asequible en la ciudad. Sanguino sostiene que "cuando no hay gestión, hay carteles", e insiste en que el aumento de los costes de los módulos de protección oficial va en la dirección contraria a lo que necesitan los jóvenes y las familias trabajadoras del municipio, dificultando aún más su permanencia en Alcobendas.

Para el PSOE, Valgrande es una pieza fundamental para el crecimiento de la ciudad, pero advierten de que la falta de iniciativa local para paliar estas subidas de precio convierte el proyecto en algo inaccesible para quienes más lo necesitan. El grupo socialista concluye que los vecinos no necesitan fotografías ni anuncios publicitarios en las parcelas, sino compromisos reales y medidas concretas que garanticen que la vivienda protegida siga siendo, efectivamente, una opción económica.