El PSOE de Alcobendas acusa al PP de discriminar a niños por protestar contra los recortes

La denuncia señala que el Gobierno local negó obsequios a menores de los programas Pecera y Akuario

El Grupo Municipal Socialista de Alcobendas ha emitido una denuncia pública contra el Gobierno local del Partido Popular, al que acusa de un acto de "discriminación" y "falta de respeto" contra niños y niñas durante la reciente celebración del Día de la Infancia.

La denuncia se focaliza en los menores usuarios de los programas socioeducativos Pecera y Akuario. El PSOE, basándose en el testimonio de las familias, asegura que varios concejales del PP negaron a estos niños los obsequios y materiales que se estaban repartiendo al resto de participantes.

Según la versión socialista, la exclusión de los obsequios fue una represalia y “castigo” directo hacia las familias, que llevan semanas protestando contra los recortes aplicados por el equipo de gobierno a los programas socioeducativos.

El portavoz socialista, Ángel S. Sanguino, calificó los hechos de “inaceptables” y denunció la actitud del Partido Popular:

“Lo sucedido este fin de semana es inaceptable. No se puede utilizar a los niños y niñas como moneda de cambio por las protestas de sus familias. Este comportamiento es una muestra del sectarismo con el que está actuando el PP en nuestra ciudad.”

Sanguino afirmó que el Gobierno local no solo ha recortado recursos esenciales en Pecera y Akuario, sino que ahora "responde castigando a quienes dependen de esos servicios”. También señaló que las familias indicaron que varios responsables municipales supuestamente respondieron de manera inapropiada y con malos modos cuando los padres intentaron expresar su malestar. El portavoz sentenció: “Alcobendas no es suya, Alcobendas no es de la alcaldesa”.

El PSOE recuerda que Pecera y Akuario eran programas con un enfoque integral que el PP ha reducido, “vaciándolos de contenido” tras eliminar personal y recursos.

El Grupo Socialista exige formalmente al Gobierno municipal: una disculpa pública a las familias afectadas; la apertura de una investigación interna para esclarecer quién permitió la supuesta discriminación; y la restitución inmediata de los recursos y el enfoque socioeducativo eliminados en Pecera y Akuario.