El Ayuntamiento de Alcobendas niega el acceso completo a documentos de la Guerra Civil a un antropólogo

Roberto Fernández recibió expedientes del archivo municipal con los nombres de las personas mencionadas borrados tras una resolución del Consejo de Transparencia

El Ayuntamiento de Alcobendas ha restringido el acceso completo a varios documentos del archivo municipal relacionados con la Guerra Civil y la etapa franquista solicitados por el antropólogo e investigador Roberto Fernández Suárez, especializado en memoria histórica en municipios del norte de la Comunidad de Madrid.

El conflicto comenzó cuando Fernández Suárez solicitó consultar varios expedientes para completar la investigación de un libro sobre la memoria histórica en Alcobendas. Según explica el investigador, algunos de los documentos solicitados contenían referencias a personas afiliadas a organizaciones políticas durante el periodo estudiado.

El consistorio, gobernado por el Partido Popular, denegó inicialmente el acceso a parte de esa documentación alegando que incluía datos personales protegidos. Ante esta negativa, el investigador presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, argumentando que, en virtud de la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública, debía poder consultar esos documentos.

El organismo autonómico resolvió que el Ayuntamiento podía facilitar la documentación, pero permitiendo la anonimización de los datos personales que pudieran afectar a la protección de la intimidad.

Tras esta resolución, el Ayuntamiento entregó finalmente los documentos solicitados, aunque con numerosas partes tachadas, incluidos nombres propios y afiliaciones políticas. Carmen Carreras, secretaria de la Asociación Comisión de la Verdad afirma que "en una investigación sobre represión política, borrar los nombres equivale prácticamente a vaciar el documento de contenido”. Además, argumenta que muchas de las personas que aparecen en los expedientes tenían alrededor de 20 años cuando se redactaron los documentos, durante la década de 1930 o los primeros años del franquismo. De seguir con vida en la actualidad, tendrían más de 110 años.

Carreras también considera que limitar el acceso a este tipo de documentos dificulta la reconstrucción del pasado local, “en el caso de las cuestiones locales lo que se intenta es defender a esa gente que se ha borrado de la historia. Queremos que se implique la Secretaría de Estado y que, si tienen que ir a los tribunales, lo hagan por la defensa de los olvidados y del trabajo de los historiadores”, afirma.