Miguel Ángel Arranz denuncia a Aitor Retolaza ante el Defensor del Pueblo y traslada una carta a Inés Arrimadas para que ruegue al edil que cumpla con su deber
Miguel Ángel Arranz presentó este miércoles una denuncia ante el Defensor del Pueblo debido a la situación que, supuestamente, está viviendo de forma constante por parte del Ayuntamiento de Alcobendas. Además, acudió al Congreso de los Diputados para hacerle llegar una carta a Doña Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, rogando que inste al alcalde de Ciudadanos en Alcobendas, Aitor Retolaza, a cumplir tanto el artículo 23 de la Constitución Española como la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
El ejercicio de la función de concejal es expresión del derecho a la participación de los asuntos públicos recogido en el artículo 23 de la Constitución española, y, por tanto, expresión de un derecho fundamental que de acuerdo con reiterados pronunciamientos jurisprudenciales es de configuración legal.
Arranz declara lo siguiente: “lamentablemente, me veo en la situación de tener que denunciar en el Defensor del Pueblo la situación que estoy viviendo por parte del Ayuntamiento de Alcobendas, con el alcalde Aitor Retolaza al frente. Al realizar peticiones de información al consistorio para el correcto desarrollo de mi función como concejal de la oposición, me estoy encontrando con que ni una sola petición de información ha sido respondida en tiempo y forma de acuerdo con la ley, y que, en muchos de los casos, ni siquiera recibo respuesta a la solicitud de información, o no recibo la información completa”.
Además, el concejal no adscrito añade que “esta situación tanto de no respuesta o respuesta incompleta a mis solicitudes de información, así como la demora constante en las respuestas de solicitud de información por parte del Ayuntamiento de Alcobendas, está suponiendo que no pueda estar desarrollando correctamente mis funciones como concejal del Ayuntamiento de Alcobendas, y me vea privado de poder representar correctamente a mis vecinos, además de suponer esta situación un presunto menoscabo a mis derechos recogidos tanto en la Constitución española como en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local”.
