Luz verde a la nueva residencia de Fuente Lucha y a un millón de euros en ayudas para el comercio local

El Ayuntamiento garantiza 190 plazas para mayores y aprueba una movilidad sin multas para los residentes hasta 2028

El Pleno de Alcobendas ha dado un paso decisivo para mejorar la atención a la tercera edad con la cesión de una parcela de 9.350 metros cuadrados en la calle Embrujo de Fuente Lucha. En este espacio se levantará un complejo que contará con 150 plazas de residencia y 40 de centro de día, donde los mayores de la ciudad tendrán prioridad absoluta para acceder a ellas, lo que ayudará a reducir las listas de espera actuales. Este proyecto se llevará a cabo mediante colaboración público-privada y forma parte del plan regional de la Comunidad de Madrid.

En el plano económico, se ha aprobado una importante inyección de un millón de euros destinada íntegramente a subvencionar al pequeño comercio, la hostelería y las pymes locales. Estas ayudas, cuya convocatoria se abrirá durante el próximo mes de junio, están pensadas para que los empresarios puedan afrontar gastos básicos como suministros o préstamos hipotecarios. Además de este apoyo directo al tejido empresarial, el consistorio invertirá más de 400.000 euros en rehabilitar dos edificios históricos y sentimentales para los vecinos: las Ermitas de San Isidro y de Nuestra Señora de la Paz.

La movilidad también ha sido protagonista con la aprobación inicial de una nueva ordenanza que busca eliminar restricciones para los residentes en la Zona de Bajas Emisiones. El gobierno local ha confirmado que no habrá ningún tipo de sanción hasta el 1 de enero de 2028 y que se facilitará el aparcamiento junto a las farmacias de la ciudad. En cuanto a los patinetes eléctricos, la normativa permitirá su uso a partir de los 15 años, aunque establece la obligación estricta de llevar casco de seguridad.

Finalmente, la sesión plenaria abordó temas educativos y sociales de gran relevancia. Se ha acordado la puesta en marcha de un plan de climatización para los colegios públicos, que comenzará con auditorías energéticas y obras en las cubiertas de centros como el Bachiller Alonso López y el Daoiz y Velarde. Asimismo, la corporación mostró su apoyo institucional a un alumno del instituto Severo Ochoa que fue vetado injustamente por Estados Unidos para participar en un programa de Naciones Unidas, y manifestó su rechazo a la política migratoria del Gobierno central por la falta de recursos y coordinación con los ayuntamientos.