El suceso, por orden judicial, ha ocurrido alrededor de las 6:30 de la mañana. En las viviendas había 180 menores de edad
Cerca de 250 agentes de la Policía Nacional han desalojado a primera hora de este viernes a 300 okupas, entre ellos unos 180 menores, de un bloque de viviendas de Alcobendas situadas en la calle Francisco Largo Caballero.
En el operativo han participado agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), de la Unidad de Seguridad Ciudadana, de Extranjería, de la Policía Local de Alcobendas y el equipo de vigilancia aérea, que ha contado con drones y un helicóptero. Además, ha intervenido servicios sociales y Protección Civil, entre otros.
A esta hora el tráfico está cortado en la zona. En el desalojo no se han registrado incidentes, pero se han vivido momentos de tensión, ya que algunas familias se negaban a salir de los inmuebles. Según testigos presenciales, "Algunos se han quejado que les han tratado mal, pero tenian tres días para irse y no lo han hecho. Otros, se fueron ayer para evitar problemas", expresan a Diario de Alcobendas.
Los agentes de la Policía Nacional se han personado y han ido llamando a las casas para que los okupas desalojaran el inmueble. Ahora el siguiente paso es Servicios Sociales. "Vamos a atenderlos como a cualquier vecino de Alcobendas. Ni más ni menos. Estaremos atentos por si necesitan algún tipo de ayuda. Es lo que podemos hacer. El resto es una decisión judicial", comentan desde el Consistorio.
El conflicto parte de que los propietarios privados de las casas acudieron a la Justicia y ahora les han dado la razón. Y es que estos pisos llevan años siendo ocupados ilegalmente, desde 2009, y están generando problemas de seguridad entre los vecinos de la zona. En 2013 ya se instalaron allí en las 60 viviendas y en 2019 Iberdrola le cortó el suministro de luz tras una subida en su consumo. Desde el Ayuntamiento de Alcobendas llevan acudiendo a la Justicia en varias ocasiones, pero hasta el día de hoy, no se había producido la resolución.
Para Stop Desahucios una de las claves es que la empresa promotora se declaró en concurso de acreedores. "En ese momento el Ayuntamiento debería haberse quedado con las viviendas mediante la expropiación. Con ello, se podía haber dado un alquiler social a esas familias como solución", aseguran.
Alrededor de unas 30 personas a las 9:30 horas todavía continuaban por la zona de la calle Miguel de Cervantes, muy próxima al edificio, esperando saber que hacer.
