La justicia admite a trámite el recurso contra el desarrollo urbanístico de Los Carriles

Ecologistas en Acción pide prudencia al Ayuntamiento mientras el tribunal examina la legalidad del nuevo plan de Valgrande

El desarrollo urbanístico de Los Carriles, conocido como el proyecto Valgrande, suma un nuevo capítulo en los tribunales. Los colectivos Ecologistas en Acción y la Plataforma Salvemos Los Carriles han anunciado que la justicia ya ha admitido a trámite su recurso contra el Plan Parcial. Esta decisión judicial no supone una sentencia final, pero según denuncian estas organizaciones, confirma que existen dudas jurídicas razonables sobre la legalidad de las 8.600 viviendas previstas.

Desde la Plataforma Salvemos Los Carriles se muestran contundentes al considerar una "imprudencia" que el Ayuntamiento de Alcobendas continúe promocionando el proyecto como algo definitivo. Los colectivos sostienen que el nuevo plan es casi idéntico al que ya anuló el Tribunal Supremo en 2025 y denuncian que se mantiene la idea de crear una montaña artificial de seis plantas de altura para ocultar cables de alta tensión, algo que califican de "fragilidad jurídica". Además, estas entidades sociales opinan que el proyecto no responde a la necesidad real de los vecinos al incluir cerca de 900 unifamiliares de lujo, advirtiendo que se está generando confusión en la ciudadanía al vender como consolidado un plan que está en litigio.

Por su parte, la actuación del Ayuntamiento de Alcobendas muestra una dirección distinta. A pesar del procedimiento judicial, el Gobierno municipal ha seguido impulsando la hoja de ruta de Valgrande mediante actos públicos para presentar carteles publicitarios y el anuncio de la inminente reparcelación de los terrenos. El consistorio defiende que el proyecto es un desarrollo necesario para el crecimiento de la ciudad y lo presenta como un plan consolidado, según han denunciado los colectivos.

Mientras la organización de Ecologistas en Acción insiste en que el plan amenaza directamente el corredor ecológico del norte de Madrid, el proceso judicial sigue su curso. La financiación para este pleito ha sido aportada por los propios vecinos a través de donaciones, lo que demuestra, según los promotores del recurso, que existe una parte de la población que exige al Ayuntamiento prudencia y respeto institucional hasta que los jueces dictaminen si el plan es legal o debe ser frenado nuevamente.