El 'caso Leire' salpica a Valgrande y amenaza con retrasar hasta dos años las 8.600 viviendas de Alcobendas

El dueño de Grupo Delta, investigado por la Guardia Civil, bloquea el plan de reparcelación al exigir mejores condiciones comerciales

El mayor desarrollo urbanístico de Alcobendas se ha visto afectado por una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Leonardo Sánchez Heredero, dueño de Grupo Delta y uno de los principales propietarios de suelo en Valgrande (antiguo proyecto de Los Carriles), ha rechazado avalar el plan de reparcelación, una maniobra que, según fuentes del sector, podría retrasar el inicio de las obras entre uno y dos años en plena crisis de acceso a la vivienda.

El nombre del promotor inmobiliario ha aparecido en los informes policiales del 'caso Leire'. Según la documentación de la UCO, Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, habrían planeado una operación para recalificar suelos estatales y traspasar parcelas rústicas en Alcobendas a Sánchez Heredero. Estas conversaciones se remontan a principios de 2025, coincidiendo con el periodo en el que el Tribunal Supremo anuló el plan original de Los Carriles, obligando a reiniciar la tramitación del sector.

Aprovechando que la ley exige la unanimidad de todos los propietarios para sacar adelante la reparcelación, el dueño de Grupo Delta no acudió a la última asamblea de la Junta de Compensación. Con esta ausencia, el empresario busca forzar la redacción de un nuevo proyecto que mejore sus condiciones económicas. Sánchez Heredero rechaza los compromisos que los propietarios firmaron en el pasado con el Ayuntamiento para elevar el cupo de vivienda protegida del 45% al 54%, y exige ahora que se recalculen los coeficientes entre vivienda libre y protegida para adaptarlos al mercado actual.

Este bloqueo por parte de la propiedad deja en el aire un proyecto estratégico diseñado para albergar a 25.000 nuevos vecinos junto al monte Valdelatas. Por su parte, el Ayuntamiento de Alcobendas ha reafirmado su intención de mantener el proyecto de reparcelación actual, aunque admite que el proceso requiere obligatoriamente la ratificación del 100% de los propietarios para poder avanzar.