Alcobendas renueva sus normas de convivencia y eleva el control policial ante conductas incívicas

El Ayuntamiento aprueba un texto que endurece las sanciones por pintadas y frena el incivismo

La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la nueva Ordenanza de Convivencia y Seguridad de Alcobendas, un marco regulador que sustituye a la normativa aprobada hace más de una década. El objetivo municipal pasa por adaptar las herramientas legales de los agentes a los nuevos problemas de vecindad y reforzar la protección de las zonas comunes en todo el término municipal.

El nuevo texto dota a la Policía Local de mayor capacidad de actuación directa y sancionadora en materias contempladas por la Ley de Seguridad Ciudadana, agilizando los expedientes por desobediencia, faltas de respeto o tenencia y consumo de drogas en la calle. Para respaldar estas intervenciones, los agentes contarán con el apoyo de una red de más de 200 cámaras de videovigilancia, cuyas grabaciones servirán para certificar y tramitar las infracciones detectadas.

Freno a los vandálicos y protección del descanso nocturno

Entre las medidas más destacadas figura el endurecimiento de las multas por la realización de afecciones estéticas y grafitis no autorizados. El importe mínimo de sanción sube de 750 a 1.500 euros en su tramo leve, y podrá alcanzar hasta los 6.000 euros cuando se acredite la reincidencia del autor. Asimismo, la policía podrá incautar los materiales empleados y unificar sanciones si los informes de caligrafía demuestran una misma autoría en diferentes puntos de la ciudad.

En el ámbito del descanso y el orden público, la norma prohíbe el uso de altavoces o megafonía que alteren la tranquilidad vecinal, el uso inadecuado de vehículos de movilidad personal o patines en zonas peatonales y los partidos o juegos de pelota fuera de los recintos habilitados. También se establecen controles más estrictos sobre los comercios para evitar la venta irregular de bebidas alcohólicas destinadas al botellón, prohibiendo que los establecimientos instalen escaparates opacos que impidan la inspección visual desde la vía pública, bajo penas de hasta 1.500 euros.

Por otro lado, la regulación prohíbe el establecimiento de chabolas, tiendas de campaña o el uso prolongado de enseres para pernoctar en la vía pública, fijando que la actuación policial para liberar el espacio irá precedida de la oferta de una solución habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad.