Desde el ayuntamiento han aprobado un plan de actuación ante la ocupación ilegal de Alcobendas
Alcobendas ha aprobado un protocolo de actuación para hacer frente a la ocupación ilegal. Este plan pretende coordinar la respuesta del Ayuntamiento, la Policía Nacional, la Policía Local, la Fiscalía y los jueces a la hora de prevenir y actuar en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles. Con ello, Alcobendas toma medidas para frenar la ocupación ilegal en las viviendas de sus ciudadanos.
Además de esta coordinación y prevención que propone el plan, pretende también ayudar a los afectados por la ocupación. Los afectados recibirán asesoramiento legal para el procedimiento judicial, apoyo psicológico y orientación sobre las medidas de prevención y un servicio rápido de mediación para poner fin a la ocupación ilegal. Es común que los afectados por la ocupación no sepan que procedimientos seguir por las dificultades jurídicas que se presentan. De ahí esta intención por parte del ayuntamiento para ayudarles en el asesoramiento legal de cara a los posibles procedimientos judiciales.
Este plan, con el vicealcalde y Concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Arranz, como cabeza visible del mismo, es una novedad en prácticamente toda España porque muy pocas ciudades tienen un plan de actuación en estos casos. Para Arranz, este protocolo supone "una defensa a ultranza del derecho a la propiedad privada emanado del artículo 33 de nuestra Constitución Española y del Código Civil”. En la misma dirección, el vicealcalde apunta que “la ocupación de viviendas o locales es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos y la articulación de medidas cautelares efectivas para devolver la posesión al legítimo propietario lo antes posible”. El nuevo protocolo ya está en vigor al ser aprobado por la Junta de Gobierno Local, formada por PSOE y Ciudadanos, esta misma semana. La redacción definitiva ha sido fruto de las aportaciones consensuadas de todos los grupos políticos, del área jurídica del Ayuntamiento, de Servicios Sociales y de los cuerpos de seguridad que prestan servicio en la ciudad.
Por otro lado, como se ha mencionado anteriormente, los afectados por la ocupación ilegal contarán con un servicio de ayuda por parte del ayuntamiento. De este modo, Miguel Ángel Arranz ha declarado también que “los afectados recibirán atención personalizada, confidencial y gratuita con el objetivo de recuperar lo antes posible la posesión de su vivienda o local”. Para ello, los afectados podrán acudir al Centro Cívico Distrito Centro o llamar a un número de teléfono gratuito que el ayuntamiento ofrece (900 10 10 29), donde recibirán asesoramiento por parte de la Policía Local y los Servicios Sociales.
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