Alcobendas Adelante denuncia al Ayuntamiento por presunto fraccionamiento irregular de contratos por 1,4 millones

La formación acusa al Gobierno del PP de dividir prestaciones para adjudicarlas por debajo de 15.000 euros y evitar la licitación pública

La formación política Alcobendas Adelante, ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el Ayuntamiento de Alcobendas por "fraccionamiento indebido de contratos" con un valor total de 1,4 millones de euros y la "tramitación reiterada como contratos menores de prestaciones periódicas eludiendo las reglas de planificación, estimación del valor".

Según fuentes de Alcobendas Adelante, consultando la información pública disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público, han observado prestaciones idénticas o muy similares, con la misma finalidad pública y para el mismo servicio/unidad municipal, contrataciones simultáneas o muy próximas en el tiempo, la repetición periódica de la misma prestación y la adjudicación reiterada al mismo contratista.

Además, el conjunto afirma que estas contrataciones individualmente no superan el importe máximo de un contrato menor (15.000 euros), sin embargo, su importe conjunto sí que supera dicho umbral. Por otro lado, denuncian que hay una ausencia de planificación anual que justifique la imposibilidad de licitar esos contratos, y que las memorias que aparecen en la plataforma de información pública no acreditan la naturaleza del importe del contrato.

Diario de Alcobendas ha tenido acceso a la denuncia que ha interpuesto la formación y a los datos de las prestaciones del Ayuntamiento, y muchos de estos contratos menores, alcanzan un valor de 14.999,95 euros (sin IVA), siendo el importe máximo 15.000. Además, se repiten contratistas como Aeioros Servicios, S.L., Asociación Sansebaila o Adecco Formación, S.A.

En total, el valor de estos contratos menores en su conjunto asciende a una cifra de 1,4 millones de euros. La formación teme que el motivo de estas supuestas irregularidades sea el "elegir a dedo a quien dar esas prestaciones" y "evitar que estos contratos salgan a concurso público" para la "elusión de los principios de publicidad y libre concurrencia".